El exministro de Salud, Arturo Bendaña dijo a su llegada a los tribunales en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción que es inocente de todo lo que le imputan.
Bendaña se encuentra en la audiencia de imputado donde el juez que lleva la causa dará a conocer los delitos en los que supuestamente incurrió en sus funciones como ministro.
En ese sentido, en breves declaraciones a los medios de comunicación, Bendaña dijo que se sentía mal por la acusación y que era inocente.
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó requerimiento fiscal contra exfuncionarios de la Secretaría de Salud y representantes de empresas mercantiles, por compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de 224 millones de lempiras (L.224,994,921.30).
Los acusados son: Arturo Bendaña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
A todas estas personas se les imputa delitos como fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “xtrafinanciamiento” (como si se tratara de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño. El requerimiento indica, además, que parte del monto defraudado fue facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez, mediante resoluciones a favor de las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados.
El plan orquestado por esta red corrupta que hoy expone el MP, privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos. Compatriotas obligados a viajar largas distancias con recursos económicos limitados enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios; regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos los condenó en muchos casos a la muerte.
