La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó una acusación contra una presunta red de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF) entre 2010 y 2014, y desvío más de 96 millones de lempiras mediante contratos fraudulentos.
Entre los acusados figuran el exgerente administrativo Ángel Paz Alvarenga, el exjefe del Bono Juvenil Raúl Salgado Zelaya, y la exjefa del Programa Di Mujer Sandra Solano Aguirre, junto a 37 personas más, incluidos exempleados de la institución, representantes de empresas y ONG’s.
Los cargos en su contra incluyen fraude, falsificación de documentos públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
El esquema de corrupción
Según las investigaciones, los acusados habrían desviado L96,976,218.21 mediante 596 contratos de los programas Bono Juvenil y Di Mujer, diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
La Fiscalía señala que el esquema incluía la adjudicación de contratos a empresas sin capacidad técnica, el uso de «empresas de relleno» y la fragmentación de contrataciones para evadir procesos de licitación.
Además, se presentaron informes falsos de capacitaciones inexistentes, mientras que las pocas realizadas fueron deficientes.
“Estas personas no solo causaron un desfalco millonario al país, sino que privaron a miles de jóvenes y mujeres de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida”, señala el comunicado del Ministerio Público.
Proceso judicial y medidas impuestas
Hasta el momento, 23 de los 40 acusados se presentaron ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
La Fiscalía solicitó detención judicial, pero el juez otorgó medidas sustitutivas para los imputados y fijó la audiencia inicial para el 5 de marzo a las 11:00 a.m..
Aún quedan 13 acusados pendientes de comparecer, aunque algunos ya han solicitado presentarse voluntariamente.