Las peleas entre presos de diferentes pandillas eran moneda corriente en la cárcel La Tolva, en Honduras. Una vez que el Gobierno ha actuado y conseguido instaurar algo de paz, algunos presos comienzan a pedir oportunidades de empleo para «reinsertarse a la sociedad».
En esta cárcel de máxima seguridad en Morocelí, 50 km al este de Tegucigalpa, están recluidos 1,755 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las dos grandes pandillas de Honduras, custodiados por 200 soldados y guardias.
«Queremos hacerle una petición directamente al Estado, a la empresa privada y a la empresa pública: nosotros como privados de libertad queremos una oportunidad, una oportunidad de empleo, de reinserción social», dice Ramiro Oliva, quien prefiere utilizar un seudónimo.
La tranquilidad llegó a esta cárcel el año pasado luego de que trasladaron a los reclusos de la Barrio 18, la pandilla rival de la MS-13, a la prisión de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, 200 km al noroeste de la capital hondureña, Tegucigalpa.
Antes, y desde 2017, año en que abrió esta prisión, se habían registrado varios enfrentamientos con un saldo de 24 muertos, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
